EC —Sí, sí, pero…
AG —Cuando digo respaldo es que el funcionario sienta que todo el cuerpo policial está alineado, desde los mandos políticos hasta el personal subalterno. Eso no es menor. Usted dirá qué tanto más hay que hacer. Con eso nada menos se podrían tener resultados mucho más efectivos. Luego, si es necesaria una reforma constitucional o no lo dirá la ciudadanía. En lo personal le diría que repensar el artículo 11 de la Constitución es un elemento a pensar, porque efectivamente hay en esa norma una garantía ciudadana que fue pensada correctamente en otro contexto, en otra época y hoy está siendo indebidamente aprovechada por organizaciones criminales que se escudan en eso, en la noche, para trabajar impunemente. Entonces creo que habría que repensar eso. Y reitero, si me pregunta respecto de medidas procesales como el cumplimiento efectivo de las penas, le diría que estoy de acuerdo; si me pregunta respecto de ciertas modificaciones al Código del Proceso Penal como las que se están manejando, le diría que en general tienen un sentido realista, pero eso no implica transferirle a un código procesal la responsabilidad y las culpas de una situación de inseguridad que se viene deteriorando desde mucho antes.
EC —Volviendo sobre uno de los aspectos que mencionó, la gestión de las cárceles, se detuvo en el “problema” de las comunicaciones, el hecho de que puedan seguir utilizando teléfonos celulares de una u otra manera quienes desde allí dirigen o terminan dirigiendo sus organizaciones a distancia.
AG —Allí hay una medida concreta.
EC —El inconveniente en las cárceles parece bastante más amplio que ese.
AG —Desde luego, el principal problema dentro de las cárceles es que el sistema de seguridad implosionó, se dejó caer, y hoy el Estado no tiene capacidad de respuesta, ni siquiera para tomar esas medidas de fondo como bloquear los celulares. Yo sospecho que si los celulares no se bloquean es porque hoy no se tiene la espalda necesaria en el sistema de la seguridad. Porque a partir de 2012 se empezó a dar un ingreso masivo de funcionarios civiles, los operadores penitenciarios, lo cual está bien, pero al mismo tiempo se dejó se renovar a los cuadros de seguridad, que fueron perdiendo cantidad y espacio. Hoy el Estado no les puede asegurar la vida ni a los que están privados de libertad, ni a las familias, ni a las visitas, ni a los propios funcionarios. Eso es peligrosísimo en un Estado de derecho. Cuando usted me decía ¿y qué hay que hacer?, entre otras cosas, cuando le hablo de respaldo, estoy pensando concretamente en que se tiene que reconstituir el aparato de seguridad dentro de las cárceles, no para ir de regreso a un sistema agotado de encierro y de tranca, que no sirve para nada, ni acá ni en ningún lugar del mundo, sino para que el Estado tenga no solo el poder de contestación de la fuerza dentro de las cárceles, sino sobre todo para que tenga el ejercicio de la autoridad.
EC —¿Y qué le dicen a usted las cifras tan altas de reincidencia de los presos?
AG —Las cifras de reincidencia son una expresión sintomática de un problema más profundo, que es la disfunción del sistema penitenciario. Es como la fiebre en el cuerpo, cuando usted tiene niveles de reincidencia superiores al 70 % es como que tiene 38 o 39 de fiebre, por lo menos. Es evidente que no se puede encarar una política de rehabilitación, de inclusión social y de trabajo con toda esa población, que es muy grande y muy joven y es indispensable hacerlo –porque invertir en cárceles es invertir en seguridad pública–, si no se tiene siquiera mínimamente las condiciones de seguridad dentro del propio sistema carcelario. No oponemos la seguridad a la rehabilitación, si no se tiene un nivel mínimo de seguridad es inviable cualquier política de rehabilitación. En ese sentido, por un lado se ha ido en una dirección equivocada en la medida en que se le quitó la prioridad al sistema de seguridad dentro de las cárceles, y por otro lado se han tomado decisiones absurdas, por ejemplo la construcción de un complejo de 2.000 plazas como Punta de Rieles, un complejo imposible, que ya no existe en ningún lugar del mundo, no se construye esto. Me refiero a su concepción, no al mecanismo de financiamiento, que es otra cosa.
EC —Es una cárcel construida por participación público-privada. Usted no pone el foco ahí.
AG —No, porque con ese mecanismo se puede hacer una muy buena cárcel. El tema es que la concepción y el tamaño de este proyecto, el tipo de proyecto y el tamaño, están en abierta contradicción con todas las directrices internacionales en la materia, que establecen que es inconveniente construir complejos mayores de 400, 500 plazas. Pues aquí fue lo que hicimos. Mientras que otros países de la región con menos de la mitad del dinero que nosotros tendremos que pagar a 25, 30 años han hecho cárceles de primer mundo. El próximo gobierno va a estar limitado y condicionado por decisiones que se tomaron ahora y que van a influir en la política penitenciaria y por ende en la política de seguridad de los próximos 10 o 15 años.
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AG —Si me permite, he hablado de la crisis de la seguridad y de las dificultades. Quiero trasmitir una impresión optimista, en el sentido de que estamos convencidos de que si se toman las medidas, si se rectifica el rumbo, es posible tener mejores niveles de seguridad. Me parece muy importante destacarlo, porque no todo es crítica ni estamos pintando un panorama sin vuelta. Tiene vuelta en la medida en que se tenga el coraje para tomar las decisiones que hay que tomar.
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Transcripción: María Lila Ltaif
