Entrevista, martes 26 de junio: Álvaro Garcé

El asesor en seguridad del sector Todos, del Partido Nacional, se refirió a la política del oficialismo y a las cifras muy negativas que se prevé que anuncie pronto el Ministerio del Interior.

Video de la entrevista

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EN PERSPECTIVA
Martes 26.06.2018, hora 8.27

EMILIANO COTELO (EC) —En el Partido Nacional (PN) es unánime el cuestionamiento a la política de seguridad pública del gobierno; pero en cuanto a soluciones, la interna muestra alternativas diferentes.

El senador Jorge Larrañaga busca plebiscitar una reforma constitucional con cuatro puntos, de los cuales el más polémico es la creación de una guardia nacional con 2.000 militares. La senadora Verónica Alonso puso el énfasis en un refuerzo a corto plazo de la Guardia Republicana y en que se asigne a ese cuerpo un papel más activo en el patrullaje.

Mientras tanto, ¿en qué está el sector Todos Hacia Adelante, que lidera Luis Lacalle Pou? Aparentemente se ha concentrado en una medida en particular: cambiar el sistema de legítima defensa de la Policía. ¿Por qué? ¿Qué otras iniciativas maneja este movimiento?

Vamos a conversarlo con el principal asesor en materia de seguridad pública del senador Lacalle Pou, el doctor Álvaro Garcé.

Usted es abogado y docente universitario. Fue comisionado parlamentario para el Sistema Carcelario de 2005 a 2014, y en la campaña electoral de ese año (la última) fue presentado como el principal asesor de Lacalle Pou en seguridad pública. Pero últimamente ha mantenido un perfil más bien bajo. ¿Qué pasó?

ÁLVARO GARCÉ (AG) —En este momento estamos dedicados a la docencia, una actividad vocacional que hace tiempo que desempeñamos. Y por supuesto nos mantenemos en permanente contacto con todo el sector del partido, con el senador Lacalle Pou en particular. Hemos estado trabajando en algunos proyectos de ley. El hecho de no tener una exposición permanente no significa que no estemos activos y en trabajo.

EC —Todo indica que la seguridad pública va a ser uno de los temas más importantes de la próxima campaña. ¿Qué lugar entiende usted que va a ocupar personalmente en el equipo de técnicos de Lacalle Pou? ¿Cómo se lo localiza allí?

AG —El tema de la seguridad pública sin duda va a estar en un primer plano de la agenda porque es la primera preocupación que tienen los uruguayos. Desde ese punto de vista podemos llegar a pensar que en la próxima campaña electoral el debate respecto a la seguridad pública va a ser más intenso que en 2014, cuando igualmente ocupó un lugar importante en la agenda. En ese escenario nos vemos trabajando, formulando propuestas y probablemente recorriendo el país con distintas iniciativas.

EC —¿Usted va a ser el principal referente?

AG —Yo soy un técnico que está encantado de poder participar y dar su punto de vista. No nos adjudicamos ese protagonismo.

EC —Hace pocos meses se alejó de Todos el licenciado en Seguridad Pública Robert Parrado, que se incorporó al Partido de la Gente. ¿Qué significó esa salida?

AG —Cada uno es libre de tomar el camino que desee. En ese sentido no tengo otro comentario.

EC —Pero ¿qué lugar ocupaba él en este equipo?

AG —Él había participado activamente en el equipo de 2014. Pero reitero, me parece que es propio de hombres libres elegir en qué lugar se quiere volcar su trabajo y las iniciativas.

EC —Vayamos a lo que estamos viviendo hoy. Un período muy especial en materia de delincuencia e inseguridad. El gobierno ha reconocido en los últimos días que ahora, en julio, cuando se divulguen las cifras del primer semestre, nos encontraremos con registros récord de rapiñas y homicidios, con crecimientos fuertes en muy pocos meses.

AG —Pero ya lo sabemos, la gente ya lo sabe.

EC —Sí, pero lo curioso es que hubo declaraciones, por ejemplo, del vocero del Ministerio del Interior (MI), Fernando Gil, en su blog personal. Y después del propio ministro del Interior, Eduardo Bonomi, como dejando eso ya señalado, haciendo un anticipo.

AG —Atajándose.

EC —¿Cómo vio ese gesto?

AG —Como un cambio muy significativo. La realidad les pasó por arriba a las estadísticas. El año pasado cuando se decía que definitivamente se había ingresado en un camino de descenso de las rapiñas y que se iban a cumplir las promesas realizadas en la campaña 2014 –bajar un 30 % los hurtos y rapiñas y bajar a un 30 % la reincidencia–, pensábamos que había un manejo que no era profesional ni serio de las estadísticas y que no estaban reflejando lo que verdaderamente sucedía. Y yo creo, por aquello de que no se puede tapar el sol con la mano, que la realidad les pasó por arriba a esas expresiones de deseo y hoy se está viendo con toda crudeza…

EC —¿Entonces no eran realistas las cifras, las estadísticas del año pasado?

AG —No, evidentemente no reflejaban la realidad en la medida en que hay una cantidad de delito muy importante que no se denuncia –la cifra oculta–, y por otra parte no se tiene un claro conocimiento de cuáles son los criterios que se emplean para la categorización de ciertos ilícitos. Por ejemplo, hay una frontera muy tenue entre el hurto con destreza y la rapiña; es decir, la persona que le tironea la cartera a una señora y la arrebata, ¿hasta qué punto emplea violencia? ¿Cuándo deja de ser un hurto con destreza y se transforma en una rapiña? Durante mucho tiempo hemos recibido denuncias de ciudadanos que habiendo sido rapiñados fueron a realizar la denuncia policial y salieron con un registro por hurto mediante destreza. Entonces lo que hubo fue un manejo de las estadísticas poco claro, poco profesional y tendiente a acercar, por lo menos en los números, la promesa.

EC —¿Cuál es el límite entre lo que usted está señalando y la manipulación?

AG —Creo que se manejó de una manera poco clara y nunca se plantearon explicaciones cuando se les preguntaba al ministro y al MI cuáles eran los criterios. Nunca apareció una respuesta muy clara.

EC —Está hablando de una especie de manipulación o maquillaje de las cifras.

AG —Un manejo poco profesional y sobre todo dirigido a presentar en forma apresurada resultados que no se estaban obteniendo. En definitiva la realidad terminó pasándole por arriba a eso. Eso es lo que está ocurriendo ahora, ha estallado con crudeza un problema profundo de seguridad, como nunca antes había ocurrido en el país.

EC —Cuando se examina lo que está pasando en estos primeros meses del año aparecen distintos análisis, se buscan causas. Tengo acá anotadas las que se han mencionado, básicamente cuatro. Podrían ser algunos de los motivos la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal (CPP); mayores facilidades para realizar denuncias, a partir de la distribución de tablets entre los funcionarios policiales que operan en las calles d a fines del año pasado; menor cantidad de dinero en circulación debido a la bancarización, que obligaría a los delincuentes a mayor cantidad de hurtos y rapiñas para obtener objetos que después comercializan, y por último problemas en la actuación policial frente a la delincuencia. Son esas cuatro razones las que han estado en la vuelta.

AG —Las tres primeras suenan francamente como justificaciones y bastante absurdas. Y me llama la atención, porque no es la primera vez que el MI insiste en esta tesis que presenta a la eficacia policial como una razón para el aumento del delito. Si fuera así sería francamente absurdo; decir que como la eficacia policial aumentó la gente tiene que delinquir más es inconsistente e insostenible.

De las cuatro razones la que más o menos se aproxima a la realidad es la que refiere al problema del funcionamiento del servicio, los problemas que tiene la Policía. Pero el núcleo, la raíz del problema, no está en la Policía sino en su conducción política. El problema no está en la Policía Nacional.

EC —¿Qué quiere decir que el problema esté en la conducción política?

AG —Que ha habido una política equivocada. Por un lado, por ejemplo, lo vemos en el manejo de la autoridad. Ha habido una renuncia al empleo de la autoridad y de la ley en muchas situaciones, no sé si por prejuicio ideológico solamente, pero lo cierto es que vemos una Policía que está en retirada, que está atada, que no siente el respaldo de los mandos políticos, una Policía a la cual en general los grupos criminales le han ido perdiendo el respeto. Y se da una situación paradojal y muy compleja para el Estado de derecho, y es que mientras los delincuentes están más seguros, la ciudadanía se siente más desprotegida. Entonces allí hay un problema que no se revierte fácilmente, hay sin duda una dificultad objetiva en el funcionamiento de la Policía, pero, reitero, no por un problema intrínseco de la Policía. Hay un divorcio además muy claro, una falta de sintonía entre el ministro, su equipo y en general los cuerpos policiales. Todo esto termina resintiendo un servicio que es esencial.

Respecto a las otras causas, me parece que son justificaciones y que no son capaces de pasar un análisis profundo de las cosas. Que alguien diga que porque existe más eficacia policial los delincuentes tienen que robar más es insostenible.

EC —¿Quién dice eso?

AG —Yo se lo he escuchado al subsecretario del Interior, lo he escuchado en general en el discurso del MI. Pero aquí, yendo a lo que me preguntaba en el inicio de la nota, ha habido un cambio claro en cómo se está posicionando el MI respecto a esta crisis de seguridad. Ahora hay una admisión del problema, siempre relativizando las causas y siempre transfiriéndolas, porque, nos faltó decir, la culpa es de los magistrados, la culpa es del CPP. Se presenta un tema que es estructural y en aumento en los últimos 10 años como un efecto de los últimos ocho meses en que se ha aplicado el nuevo modelo procesal penal. Suena a justificación.

EC —Me quedé pensando en lo siguiente. Usted decía que quizás lo que ahora se ve como un salto adelante en las cifras de hurtos y rapiñas no esté reflejando una realidad.

AG —Un sinceramiento con la realidad, en todo caso. Ahora sí. Los homicidios.

EC —Tiene la impresión de que el año pasado ya teníamos un problema serio que las estadísticas no estaban mostrando.

AG —Exacto, lo estaban relativizando y minimizando, lo estaban manejando. Ahora ya no.

EC —Entiendo lo que dice, pero mientras usted lo señalaba, yo me quedaba pensando en otro tipo de delitos, los homicidios. Allí parece más difícil manipular, discutir o maquillar las cifras. Estamos teniendo un aumento importantísimo de los homicidios si comparamos con el año anterior.

AG —Gravísimo.

EC —Ahí no es un tema de cómo se anota una denuncia.

AG —De acuerdo. Pero hay una tendencia, la tasa de homicidios ha estado en permanente aumento.

EC —Sí, pero ¿por qué un salto tan alto, de 50 % o más, si se compara este primer semestre con el del año anterior? Es mucho.

AG —Es mucho y es muy grave. Lo que ha pasado, tengo la sensación, es que un problema que venía gestándose y adquiriendo una mayor dimensión, que es el tamaño y el poder de organizaciones criminales, ha hecho definitivamente eclosión. Y desde luego, el homicidio es el delito que muestra el mayor nivel de violencia y el que es además más difícil de ocultar, por lo tanto lo podemos tomar como un indicador objetivo muy importante. En ese sentido es altamente preocupante que Uruguay haya pasado de tener niveles de homicidios comparables a los de los países más desarrollados de Europa occidental a situarse prácticamente en la mitad de la tabla mundial, pero con una tendencia grave al aumento. Y si tomamos los homicidios en cárceles, Uruguay tiene las cárceles más violentas de toda América del Sur. Lo venimos planteando desde hace por lo menos tres años comparando la cantidad de homicidios que hay en Uruguay y en Argentina, y diríamos que nuestras cárceles son de tres a cuatro veces más violentas que las argentinas, notoriamente más violentas que las chilenas y que las colombianas. Y cuidado, porque cuando en una sociedad se instala definitivamente la violencia en determinados sectores, que pueden ser lugares, pueblos, barrios, cárceles, esa violencia después se difunde al resto de la sociedad. Eso es lo que está ocurriendo.

EC —Si nos detenemos en los homicidios, usted menciona dos grandes razones: el avance de las organizaciones vinculadas al narcotráfico…

AG —Al crimen organizado en general.

EC —… y lo que está pasando dentro de las cárceles.

AG —Sí, pero frente a ese avance el MI ha sido claramente omiso y no ha tomado medidas elementales que están en la primera hoja de todo manual.

EC —¿A qué se refiere?

AG —Por ejemplo, venimos planteando desde hace años que es absurdo que las organizaciones de crimen organizado tengan todas las facilidades para trabajar las 24 horas al día los siete días a la semana con celulares, cuando deberían tener bloqueada esa posibilidad.

EC —Ahí está hablando de lo que pasa dentro de las cárceles.

AG —Cuando el director de la Policía Nacional dice “todo esto empezó en las cárceles”, tiene razón. El detalle es que él es uno de los principales responsables de esa situación. Pero es verdad que hay un nivel de violencia que comenzó dentro de la cárcel, que se fue trasladando a la sociedad y que está en permanente conexión, porque el grupo criminal puede estar privado de la libertad ambulatoria pero está trabajando y está activo. En la medida en que eso ocurre es muy fácil mandar matar, es muy fácil mandar apretar testigos, es muy fácil organizar el negocio desde dentro de la cárcel. Frente a eso hay una omisión y una pasividad inexplicables. Diría que es un hecho que le genera responsabilidad al Estado después por las muertes que ocurren. Porque cuando el Estado no toma las medidas indispensables para garantizar mínimamente la seguridad de los ciudadanos, el Estado de derecho debe responder por eso. Eso es lo que está ocurriendo. Es decir que en esta escalada de homicidios que ha habido hay una responsabilidad, que es inexcusable, por decisiones erróneas del MI.

EC —¿Y cómo observa mientras tanto algunas medidas que ha promovido el gobierno? Por ejemplo, la del sábado pasado. ¿Cómo observa el censo que se llevó a cabo en la zona conocida como Los Palomares de Casavalle, un lugar donde se había ido concentrando una porción importante de poder a cargo de organizaciones criminales y de narcos en particular? Se va a analizar ahora qué se hará con esas 450 viviendas, muchas de ellas precarias, muchas de ellas sin papeles, y además con agregados realizados en espacios públicos y calles. Un lugar que no solamente congregaba una parte del poder de estas organizaciones, sino que además resultaba en buena medida inaccesible para la policía, justamente por las limitaciones a los efectos de circular con vehículos, etcétera.

AG —Ojalá que con este censo no ocurra lo que ha sucedido con tantos otros censos. Recuerdo un gran censo carcelario de 2010, que se suponía que iba a ser la base empírica para tomar decisiones que corrigieran esas situaciones que estaban siendo denunciadas. Si ahora tenemos un gran censo que termina en un nuevo diagnóstico, pero se evitan o no se toman en tiempo y en forma las decisiones que hay que tomar, tendremos más diagnóstico, más opiniones, pero no una solución.

EC —Para usted esta medida es correcta, va en la línea adecuada.

AG —Está bien censar.

EC —¿Qué habría que hacer con Los Palomares concretamente?

AG —Tomar decisiones basadas en la evidencia es un principio de gestión de calidad. Las decisiones hay que tomarlas basándose en comprobaciones empíricas. El tema es que hay que tomar esas decisiones. Qué hay que hacer con Los Palomares excede mi ámbito de especialidad, en la medida en que esto refiere a la prevención social del delito como un escenario amplio. Y aquí hay medidas de prevención del delito, de prevención policial, de disuasión y de represión, así como de rehabilitación que no se están tomando. Y en todos esos planos, la prevención, la disuasión, la represión y fundamentalmente la rehabilitación, se está fallando. El Estado está fallando, está fallando el MI; los resultados los tenemos a la vista.

EC —¿Para usted habría que continuar con actuaciones como estas en algunas zonas de algunos de estos barrios donde los narcos se han hecho fuertes?

AG —Desde luego que no está mal que el Estado empiece a tener una presencia donde está ausente.

EC —Ese es uno de los aspectos de este sábado, marcar presencia en un lugar donde al Estado le costaba mostrarse presente y con autoridad.

AG —La autoridad no se ejerce solamente por ir a censar un sábado con una fuerte presencia policial, sino que en todo caso el cumplimiento de la ley y la autoridad del Estado deben asegurarse de forma continua, permanente y no de un modo episódico. Si el Estado satura en un día y una tarde con presencia una zona donde ha estado omiso y después se va, es exactamente lo mismo, volvemos a la situación anterior. Lo que tiene que haber es una presencia permanente no solo en Los Palomares, sino en todas las zonas donde existen niveles de delito comparables con los peores de América del Sur. Uruguay tiene en general niveles de delito que relativamente pueden ser un poco menos malos que el promedio de la región, pero tiene zonas con desempeños tan malos como los peores escenarios de este continente.

EC —Usted dice que ahí hay que tener presencia permanente. ¿De que está hablando? ¿Qué imagina o qué propone concretamente?

AG —Desde luego que eso se tiene que enmarcar en una estrategia de prevención del delito y de disuasión. Y cuando ocurren las situaciones, de represión de estas. Le hablaba de un problema de ejercicio de la autoridad; en definitiva lo que ha ocurrido en los últimos años es que se han ido generando espacios sin ley. No porque la ley no exista, sino porque en esas zonas y en esos territorios la ley no se aplica. Barrios, ciudades, cárceles. En esos territorios que el Estado ha abandonado o de los por lo menos se ha ido retirando y no ejerce con toda la intensidad que la Constitución y la ley habilitan la autoridad, las organizaciones han ganado terreno. Autoridad que no se ejerce es autoridad que se pierde.

EC —¿Qué es lo que hay que hacer? Una solución en Río de Janeiro fue militarizar las favelas.

AG —No creo.

EC —No es esa la solución que usted maneja o que Todos maneja.

AG —Claramente no.

EC —¿Pero sí hay que establecer una presencia permanente de determinados contingentes policiales especializados?

AG —Desde luego que la presencia policial es indispensable, pero hay que ver qué tipo de presencia policial. Si se trata de tres funcionarios sin apoyo o hablando por celular o mandando mensajes por celular, creo que eso definitivamente no revierte la situación. Es clave darle a la Policía el respaldo y el apoyo que hoy no tiene, respaldo político y respaldo legal. Una de las medidas que ha planteado nuestro sector es rever las normas del Código Penal desde el punto de vista de la legítima defensa. Para nosotros esa es una medida absolutamente clave. Clave en un momento en que la Policía se encuentra en una situación de retirada en el sentido de que cuando se produce un enfrentamiento el policía tiene que esperar a ser agredido para contestar. Eso es inadmisible. El policía tiene que estar debidamente preparado, respaldado, entrenado y jurídicamente blindado para poder dar una respuesta efectiva. Y cuando digo blindado, no quiero decir que nos enfrentemos o que vayamos en camino al gatillo fácil. Nuestro proyecto ha sido muy ponderado y muy claramente ha establecido que se trata de una presunción relativa que admite prueba en contrario y que cuando un funcionario hace uso de un recurso de fuerza tiene que hacerlo dentro de la ley.

EC —Ustedes se refieren a la legítima defensa presunta.

AG —Exacto.

EC —Que es una modificación del artículo 26 del Código Penal.

AG —Es una extensión de las presunciones que existen en materia del Código Penal, en el artículo 26, a favor del policía que actúe en cumplimiento de la ley, dentro de los márgenes de la ley. Hemos optado por revisar este artículo de la legítima defensa y no el correspondiente al cumplimiento de la ley.

EC —El artículo 26 del Código Penal dice que se haya exento de responsabilidad, y detalla distintas situaciones, pero al principio dice: “El que obra en defensa de su persona o derechos o de la persona o derechos de otro, siempre que concurran las circunstancias siguientes: agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado para repelerla o impedir el daño y falta de provocación suficiente por parte del que se defiende”. ¿Qué es lo que ustedes agregan o complementan a los efectos de cubrir al policía?

AG —Que esos tres elementos en principio y admitiendo prueba en contrario se deben presumir cuando un policía hace uso de un recurso de fuerza. Se presumen en principio, es decir que admite prueba en contrario. Si se modifica este artículo con el alcance que proponemos el policía adquiere una mayor seguridad, tiene un respaldo de que hoy carece y sobre todo, sin ingresar en una lógica de gatillo fácil, le da la posibilidad de repeler una agresión sin esperar la inminencia de la agresión o la agresión directamente consumada. En esa línea estamos razonando. Esto tiene varios ejemplos en el derecho comparado. Es decir, no es una improvisación nuestra, existe en el derecho comparado y tiene –es un tema discutible, desde luego– en la doctrina internacional posiciones que son contestes en señalar que este es un buen mecanismo.

EC —Ustedes tienen a los sindicatos policiales de su lado.

AG —Sí.

EC —Han pedido que se reviera este aspecto.

AG —No es poco. Ellos son los que se juegan la vida, entendieron la necesidad de esta modificación legal y la respaldaron.

EC —¿Y cómo viene la discusión?

AG —Lamentablemente viene dentro de un panorama general de bloqueo, me parece. Aquí el debate de la seguridad está bastante bloqueado y diría ideologizado en el mal sentido. Cuando planteamos estas cosas se nos dijo “esto es gatillo fácil”, “esto es populismo penal”. Nos habría gustado tener una respuesta un poco más a fondo, sustancial. Creo que lo peor que podría pasar en la próxima campaña electoral es que frente a un problema de la magnitud de la inseguridad pública terminemos discutiendo con titulares o con eslóganes cuando lo que queremos y necesitamos es un debate de fondo.

EC —Usted mencionaba un par de medidas que entiende imprescindibles. Hablaba de la necesidad de darle mayor respaldo al policía en su actuación, y para eso el proyecto de ley de defensa legítima presunta, y la necesidad de actuar en las cárceles para cortarles las posibilidades de comunicación a los jefes de organizaciones criminales que de hecho muchas veces terminan controlando la actividad desde su encierro. Pero también decía que hacían falta planteos más generales. ¿A dónde iba? ¿Cómo concibe el giro que está haciendo falta por ejemplo en el MI?

AG —Creo que lo primero que hay que hacer es un sinceramiento, un análisis a fondo del problema, no solo de sus causas sino de sus dimensiones, sin transferir la culpa a otros actores, y asumir que en este momento Uruguay tiene una situación de seguridad como nunca antes había tenido y que es necesario llegar a consensos para salir de ella.

No estamos en la tesitura de cuanto peor, mejor; no es nuestra filosofía. No queremos celebrar el fracaso de otros para luego venir con las soluciones salvadoras y fundacionales. Lo primero que hay que admitir es que ha habido un error persistente e importante en las políticas de seguridad y que allí está la causa de este aumento de los homicidios y de la inseguridad en todo el país. Si bien es cierto que se han tomado algunas medidas –es justo reconocer que el presupuesto del MI ha mejorado, que se ha construido mayor infraestructura carcelaria–, la raíz y el núcleo del problema siguen intactos, y es ahora y no dentro de dos o tres años, no es en marzo de 2020 que hay que tomar decisiones de fondo.

Una decisión de fondo es respaldar a la Policía, no solo políticamente sino jurídicamente. Hemos puesto ejemplos de cuáles deberían ser esas medidas de respaldo. Pero si en el corto plazo no se logra cortar el aumento del delito, Uruguay puede tener una situación muy complicada.

EC —Pero aparte de respaldar a la Policía, ¿qué más? Se lo pregunto teniendo en cuenta que dentro del PN hay visiones distintas. Usted me dirá cuán distintas, pero lo cierto es que hay planteos que van por lados distintos.

Jorge Larrañaga, líder de Alianza Nacional, va por el camino de una reforma constitucional con cuatro medidas: cumplimiento efectivo de las penas para que en casos de delitos graves los delincuentes no puedan obtener beneficios que les permitan salir antes de tiempo de prisión; reclusión permanente revisable a los 30 años en delitos gravísimos como homicidios múltiples o violación y homicidio a menores; permitir que la legislación regule los allanamientos nocturnos en lugares donde se sospecha “fundadamente” que se están cometiendo delitos, y la creación de una Guardia Nacional con efectivos militares para que colabore en determinadas tareas con la Policía. Una reforma constitucional, obviamente con efectos una vez que, si se logra, haya un plebiscito y ese plebiscito se apruebe. Ese es un camino.

Después está el de Verónica Alonso, para quien la prioridad es que hoy, a corto plazo, la Guardia Republicana cobre otro protagonismo y tenga más efectivos, derivar hacia ese cuerpo 600 efectivos que ya revistan en otras unidades de la Policía, de modo de pasar de los 1.400 integrantes a 2.000.

¿Entonces?

AG —No son visiones incompatibles ni excluyentes en la medida en que convergen en un diagnóstico común: hay un problema de seguridad y es necesario enfrentarlo. Hay que enfrentarlo con decisión, además. ¿Que eso involucra aspectos jurídicos?, sin duda.

De lo que usted mencionaba, si se quiere revisar el allanamiento nocturno necesariamente pasa por una reforma constitucional. Para el cumplimiento efectivo de las penas no sería estrictamente necesaria una reforma constitucional, sino simplemente reformas de nivel legal.

En el PN tenemos una valoración distinta de los medios, pero sin duda tenemos un objetivo común. En lo personal, no me molesta que la ciudadanía firme porque en definitiva se trata de una reivindicación legítima de mayores niveles de seguridad. Claramente para mí –y diría que esto es común denominador en el sector– la prioridad pasa por fortalecer a la Policía, profesionalizarla, fortalecerla política y jurídicamente.

EC —¿Una herramienta para eso sería lo que propone Verónica Alonso, un fortalecimiento de la Guardia Republicana, por ejemplo?

AG —La Guardia Republicana ha tenido un papel importante en los últimos años y no está mal que se piense en su fortalecimiento. Pero me parece que es en la Policía nacional en su conjunto que hay que pensar, no solamente en un determinado sector o en un cuerpo especial. Es más, lo que hemos visto es que en los últimos años se ha ido priorizando a algunos cuerpos policiales, como por ejemplo la Republicana, y se ha ido dejando de lado al grueso de la Policía Nacional.

EC —¿Qué otras medidas faltan en la Policía Nacional?

AG —Lo primero y más elemental es darle respaldo…

EC —Sí, sí, pero…

AG —Cuando digo respaldo es que el funcionario sienta que todo el cuerpo policial está alineado, desde los mandos políticos hasta el personal subalterno. Eso no es menor. Usted dirá qué tanto más hay que hacer. Con eso nada menos se podrían tener resultados mucho más efectivos. Luego, si es necesaria una reforma constitucional o no lo dirá la ciudadanía. En lo personal le diría que repensar el artículo 11 de la Constitución es un elemento a pensar, porque efectivamente hay en esa norma una garantía ciudadana que fue pensada correctamente en otro contexto, en otra época y hoy está siendo indebidamente aprovechada por organizaciones criminales que se escudan en eso, en la noche, para trabajar impunemente. Entonces creo que habría que repensar eso. Y reitero, si me pregunta respecto de medidas procesales como el cumplimiento efectivo de las penas, le diría que estoy de acuerdo; si me pregunta respecto de ciertas modificaciones al Código del Proceso Penal como las que se están manejando, le diría que en general tienen un sentido realista, pero eso no implica transferirle a un código procesal la responsabilidad y las culpas de una situación de inseguridad que se viene deteriorando desde mucho antes.

EC —Volviendo sobre uno de los aspectos que mencionó, la gestión de las cárceles, se detuvo en el “problema” de las comunicaciones, el hecho de que puedan seguir utilizando teléfonos celulares de una u otra manera quienes desde allí dirigen o terminan dirigiendo sus organizaciones a distancia.

AG —Allí hay una medida concreta.

EC —El inconveniente en las cárceles parece bastante más amplio que ese.

AG —Desde luego, el principal problema dentro de las cárceles es que el sistema de seguridad implosionó, se dejó caer, y hoy el Estado no tiene capacidad de respuesta, ni siquiera para tomar esas medidas de fondo como bloquear los celulares. Yo sospecho que si los celulares no se bloquean es porque hoy no se tiene la espalda necesaria en el sistema de la seguridad. Porque a partir de 2012 se empezó a dar un ingreso masivo de funcionarios civiles, los operadores penitenciarios, lo cual está bien, pero al mismo tiempo se dejó se renovar a los cuadros de seguridad, que fueron perdiendo cantidad y espacio. Hoy el Estado no les puede asegurar la vida ni a los que están privados de libertad, ni a las familias, ni a las visitas, ni a los propios funcionarios. Eso es peligrosísimo en un Estado de derecho. Cuando usted me decía ¿y qué hay que hacer?, entre otras cosas, cuando le hablo de respaldo, estoy pensando concretamente en que se tiene que reconstituir el aparato de seguridad dentro de las cárceles, no para ir de regreso a un sistema agotado de encierro y de tranca, que no sirve para nada, ni acá ni en ningún lugar del mundo, sino para que el Estado tenga no solo el poder de contestación de la fuerza dentro de las cárceles, sino sobre todo para que tenga el ejercicio de la autoridad.

EC —¿Y qué le dicen a usted las cifras tan altas de reincidencia de los presos?

AG —Las cifras de reincidencia son una expresión sintomática de un problema más profundo, que es la disfunción del sistema penitenciario. Es como la fiebre en el cuerpo, cuando usted tiene niveles de reincidencia superiores al 70 % es como que tiene 38 o 39 de fiebre, por lo menos. Es evidente que no se puede encarar una política de rehabilitación, de inclusión social y de trabajo con toda esa población, que es muy grande y muy joven y es indispensable hacerlo –porque invertir en cárceles es invertir en seguridad pública–, si no se tiene siquiera mínimamente las condiciones de seguridad dentro del propio sistema carcelario. No oponemos la seguridad a la rehabilitación, si no se tiene un nivel mínimo de seguridad es inviable cualquier política de rehabilitación. En ese sentido, por un lado se ha ido en una dirección equivocada en la medida en que se le quitó la prioridad al sistema de seguridad dentro de las cárceles, y por otro lado se han tomado decisiones absurdas, por ejemplo la construcción de un complejo de 2.000 plazas como Punta de Rieles, un complejo imposible, que ya no existe en ningún lugar del mundo, no se construye esto. Me refiero a su concepción, no al mecanismo de financiamiento, que es otra cosa.

EC —Es una cárcel construida por participación público-privada. Usted no pone el foco ahí.

AG —No, porque con ese mecanismo se puede hacer una muy buena cárcel. El tema es que la concepción y el tamaño de este proyecto, el tipo de proyecto y el tamaño, están en abierta contradicción con todas las directrices internacionales en la materia, que establecen que es inconveniente construir complejos mayores de 400, 500 plazas. Pues aquí fue lo que hicimos. Mientras que otros países de la región con menos de la mitad del dinero que nosotros tendremos que pagar a 25, 30 años han hecho cárceles de primer mundo. El próximo gobierno va a estar limitado y condicionado por decisiones que se tomaron ahora y que van a influir en la política penitenciaria y por ende en la política de seguridad de los próximos 10 o 15 años.

***

AG —Si me permite, he hablado de la crisis de la seguridad y de las dificultades. Quiero trasmitir una impresión optimista, en el sentido de que estamos convencidos de que si se toman las medidas, si se rectifica el rumbo, es posible tener mejores niveles de seguridad. Me parece muy importante destacarlo, porque no todo es crítica ni estamos pintando un panorama sin vuelta. Tiene vuelta en la medida en que se tenga el coraje para tomar las decisiones que hay que tomar.

Video de la entrevista

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Transcripción: María Lila Ltaif

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  1. Diego Nelson Sosa Maipaicena · Edit

    Entrevista al Dr. Garcés

    Tengo algunas reflexiones con respecto a los dichos del Dr. Garcés.
    En primer lugar, afirma que existe un manejo poco claro y poco profesional de las estadísticas. Es su opinión. Quisiera saber en qué se basa para hacer tal afirmación. Es probable que los argumentos los reserve para sus alumnos. Los lectores quedamos sin conocerlos.
    En segundo lugar, afirma como un ejemplo de que el manejo es poco profesional el hecho de que muchos delitos no se denuncian. Quisiera saber qué hqría el manejo profesional del Dr. Garcés para incluir en las estadísticas los hechos que no son recogidos en ningún registro porque no se denuncian.
    Después aporta el tema de diferenciar hurto con destreza de rapiña en casos límites, como el despojo de una cartera a una dama. Entiendo que la rapiña es hurto con violencia y entonces habría que establecer una graduación de la violencia para saber si llega a ser un poquito de violencia para categorizar el delito como rapiña o si no llega a ese poquito categorizarlo como hurto con destreza. Verdaderamente si hay error en los casos límites, yo no me preocuparía y en todo caso consideraría a ambos delitos en un mismo grupo de delitos semejantes. Y eso creo que no haría pecar a la estadística de poco profesional.
    A continuación, establece que en el Ministerio del Interior no existe conocimiento de los criterios que se emplean para categorizar a los delitos y entonces, según el Dr. Garcés, por ese motivo también el manejo es poco claro y poco profesional de las estadísticas con el propósito de acercar los resultados de las estadísticas a las promesas electorales. Es verdaderamente increíble la información que posee el Dr. Garcés de los procedimientos que utiliza el Ministerio del Interior para diseñar y elaborar las estadísticas. De todas maneras, dice que el Ministerio no da información clara con respecto a los criterios. Con la información que el Dr. Garcés consigue del Ministerio no comprendo para qué le pregunta al Ministro.
    Emiliano le cita lo que se ha expresado por varias personas con respecto a las causas del crecimiento del delito. El Dr. Garcés no opina, solamente califica que algunas de ellas son absurdas. Y con eso alcanza.
    De todos modos se refiere al aumento de la eficacia policial, como argumento del crecimiento de los delitos y se muestra irónico cuando dice que no es concebible que porque aumente la eficacia de la policía la gente tiene que delinquir más. Me parece que el Dr. Garcés se confunde. No es que la gente cometa más delitos sino que más gente que comete delitos es apresada por la policía y entonces la cantidad de delitos se reflejan en las estadísticas.
    Uno de los temas que más le gustan al Dr. Garcés se refiere a la conducción política de la policía. El problema no está en los funcionarios policiales sino en el Ministro y en el Sub-Secretario del Ministerio. Dice el Dr. Garcés que la policía está carente de respaldo político y jurídico. En relación a este último déficit, promueve el cambio en las normas que refieren a la legítima defensa.
    Lo que no encuentro es relación de la necesidad o conveniencia de reformar las normas respecto a la legítima defensa con el Ministerio del Interior. Creo que este tema tendría que tratarse con los parlamentarios y no con el Ministerio. Por lo menos, creo que es conveniente no juntar este tema con el respaldo político. Afirma el Dr. Garcés que los funcionarios policiales necesitan más apoyo del Ministro y del Sub-Secretario para realizar de mejor manera su tarea. Yo no creo que la policía realice su tarea de manera inadecuada porque si bien han crecido los delitos, también han crecido los arrestos. De todos modos, no sé como sabe el Dr. Garcés que los funcionarios policiales no tienen respaldo se sus autoridades.
    Finalmente, el Dr. Garcés se explaya con respecto a las cárceles y en esto claramente hay que darle la derecha porque conoce el paño. De todos modos, creo que el Gobierno ha realizado importantes mejoras tanto en las condiciones edilicias como en el incremento de las actividades laborales y educativas de las personas privadas de libertad. De eso, naturalmente, el Dr. Garcés no habla porque su propósito es criticar, aunque para ello no tenga suficientes argumentos.

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