El Código de Ética de la Función Pública

“La caridad comienza por casa”, comenta Gonzalo desde la audiencia, luego de que La Mesa de los Miércoles discutiera el acuerdo multipartidario para tratar varios proyectos destinados al combate a la corrupción. Entre ellos el Código de Ética en la Función Pública aprobado en el Senado por unanimidad, que regirá a los funcionarios de las personas públicas estatales y no estatales y a los representantes del Estado en instituciones públicas que operen en el derecho privado.


Veo en diferido lo expuesto en La Mesa con cierta incredulidad; parece increíble que el Senado –sin duda bien inspirado– proponga este texto sin hacer una mínima autocrítica. La transparencia y la ética deben tomar ejemplo de la caridad, que comienza por casa.

Por lo que escuché me inclino por la posición de Hoenir, pero agregaría lo siguiente, algunos párrafos de un ensayo que me propongo publicar en enero y hacen específica mención a ello:

***

Responsabilidad en el Parlamento. Un buen comienzo sería replantear, sin concesiones, el estudio de los privilegios adquiridos –auto concedidos– en las últimas décadas por los políticos. Es posible, democrático, republicano, transparente y ético. Reivindica el elemental sentido común. Veamos el combo legislativo mínimo de probidad que podemos exigirles a nuestros representantes:

Licencias parlamentarias: volver a las fuentes, regresar con mínimas modificaciones a la ley 10.618 de 1945, por la cual se reguló el tema. Las licencias serán por misiones oficiales, enfermedad o si la pide el partido. Ley justa, criteriosa y equilibrada. Conceptualmente legal, legítima y ética.

Descartar lo aprobado en 1993, licencias “por motivos personales”, un despropósito. Si desean mantener motivos personales, que sea sin goce de sueldo. A nadie en su sano juicio se le ocurre dar licencias por motivos personales sin justificar. Votamos por un legislador para que cumpla su mandato, y pagaremos sólo por uno, el titular o el suplente. Lo otro es abuso de confianza y de funciones. Legal porque lo votaron, pero ilegítimo y no ético. Patético.

Partidas parlamentarias adicionadas al sueldo. Es sabido y reconocido que es un atajo para suplementar el sueldo básico, ya razonablemente alto. Deben cesar o recortarse al máximo las partidas de: a) Representación, b) Prensa, c) Secretaría y d) Celulares y otras eventuales. Y de paso, con comprobantes. Cualquier similitud con las tarjetas corporativas es mera coincidencia…

El pago ¿por el cargo o la función? El ejemplo del ministro que opta por cobrar su sueldo como legislador es un artilugio que la ciudadanía no merece. Detalle menor demasiado significativo. Prueba de la confusión que tienen entre legal, legítimo y ético. Tipo “como te digo una cosa, hago la otra”.

El pago de cargas sociales de secretaría. Que en el Parlamento hubiera deudas con el BPS es un escándalo. No pasó nada. Demasiados involucrados. Barren debajo de la alfombra. El descontrol institucionalizado.

Pases en comisión. Secreto a voces. Guste o no, se abusa: nepotismo, amiguismo, “compañerismo”. Mal de muchos, consuelo de inescrupulosos.

Subsidios al cesar la legislatura. Imposible digerir que una institución que firma un contrato a término por cinco años –con fecha de vencimiento precisa– siga pagando un suculento estipendio durante un tiempo extenso. Nos toman el pelo. Máximo, reconózcanse dos meses con un solo sueldo mínimo nacional. Y no es de recibo que “eso no mueve la aguja”, como supo decir alguno.

Subsidios al renunciar en medio de la legislatura. Una duda adicional: ¿es proporcional al tiempo trabajado?

¿Cómo han sucedido estos desvíos? Simple: fue una época (¿que hoy se pretende superar?) sin transparencia ni control. Más simple, porque los propios interesados estaban –están– a ambos lados del mostrador. No tuvieron noción de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), la Responsabilidad Social Ciudadana (RSC) o la Responsabilidad Social Institucional Pública (RSIP). Es tiempo de revisar errores y reencaminarse. Sin versos, con acciones.

“¿Quo vadis?” es la inagotable interrogante que interpela y desafía la inteligencia de las naciones. En nuestro caso persiste la duda: ¿Cómo se establece y cuál es la relación entre los ciudadanos y sus representantes en el quehacer de la república? ¿Hasta dónde delegamos potestades y en cuales áreas y casos no debemos ni queremos delegarlas a los gobernantes? De esto trata la cuestión.

La responsabilidad, transparencia y ética que impere de aquí en más en el Parlamento darán la pauta para saber si vamos por el camino correcto o seguimos desorientados. Es la “prueba del nueve” a aplicarle a los políticos. De ello depende que se recupere la confianza en la política, hoy lamentablemente cuestionada.

Adjunto notas que vale la pena consultar; hay muchas más que avalan todo lo dicho.

Gonzalo Pou
Vía correo electrónico


Nota relacionada

Senado aprobó el Código de Ética en la Función Pública. La Mesa de los Miércoles, 19.12.2018.

Notas citadas por el autor

Diputados admiten usar partidas con otros fines. El País, 20.09.2016.

Licencias y suplencias de parlamentarios: ¿y la transparencia? En Perspectiva, editorial, 26.08.2016.

En lo que va de la actual legislatura, los diputados tomaron 3.544 días de licencia extra, 36 días por cada representante. Búsqueda, 24.08.2016.

La copiosa integración del Parlamento uruguayo (I), Daniel Chasquetti, Zoom Politikon, Montevideo Portal, 24.03.2015.


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